Estado deberá compensar predio ocupado por el Ejército
Una familia desplazada por la guerrilla y despojada por el Estado logró que la justicia reconociera su derecho a la restitución de tierras.
Un fallo histórico del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó al Estado colombiano reparar a una familia víctima de doble despojo en La Macarena, Meta. El terreno que les fue arrebatado por la guerrilla en 2002 y ocupado desde 2003 por una base militar, no será restituido, pero deberá ser compensado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
La sentencia, emitida este 15 de julio, reconoce que la ocupación prolongada por parte del Ejército en el predio ‘Estadero Nápoles’, ubicado en la vereda Cristales, violó los principios del Derecho Internacional Humanitario. Aunque la familia había solicitado reiteradamente su devolución o una compensación, el Estado nunca reconoció su responsabilidad ni pagó arriendo por el uso de la propiedad.
Según el juez Alejandro Barreto, la instalación de la base militar representa un acto de despojo imputable al Estado, al utilizar bienes civiles sin marco legal ni proceso de compensación. La pareja propietaria, dedicada al comercio y turismo, fue forzada a huir tras amenazas de las Farc y posteriormente vio su inmueble incinerado y ocupado por fuerzas militares.
Ante la imposibilidad de devolver físicamente el predio, el fallo ordenó compensar a la familia con otro terreno en el lugar que ellos elijan. Además, accederán a la oferta estatal como parte de su reparación integral. La URT será la entidad encargada de garantizar el cumplimiento de esta medida.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, resaltó que esta decisión refuerza la legitimidad del proceso de restitución en contextos donde incluso el Estado ha sido agente del despojo. “La reparación no solo es un derecho, es una deuda histórica con quienes han sido víctimas del conflicto armado”, señaló.