Contraloría vigila a la DIAN por déficit tributario
El contralor Carlos Rodríguez ordenó seguimiento permanente al recaudo fiscal ante la reducción de ingresos que afecta el gasto público.
Esta medida responde a la reducción de ingresos que ha impactado significativamente el gasto público y la estabilidad económica del país. Para ello, funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría se trasladarán a la sede de la DIAN en Bogotá, donde evaluarán en detalle las estrategias implementadas para combatir la evasión fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La crisis fiscal se evidenció con el balance del año 2024, cuando el Gobierno Nacional fijó inicialmente una meta de ingresos de $315,86 billones. Sin embargo, esta cifra fue ajustada a $287,4 billones ante la caída del recaudo. Aun así, el cumplimiento de la nueva meta solo alcanzó el 85,4 %, logrando apenas $245,4 billones, lo que representó una reducción de 11 puntos porcentuales frente a 2023. Este desfase de $42 billones afectó los planes de inversión y gasto del Estado, generando preocupación en los organismos de control y en el sector económico.
Para 2025, el panorama sigue siendo incierto. El Gobierno tuvo que reducir su estimación de ingresos en $12 billones tras la no aprobación de la ley de financiamiento, lo que limitó su capacidad de maniobra financiera. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió recientemente que el recaudo será $34 billones inferior al Plan Financiero oficial, lo que compromete aún más la financiación de proyectos clave y el equilibrio fiscal del país. Ante este escenario, la Contraloría busca establecer alertas tempranas que permitan tomar decisiones oportunas para mitigar el impacto de este déficit.
El seguimiento ordenado por la Contraloría se centrará en analizar la evolución de los ingresos entre enero y junio de 2025, con una evaluación detallada del desempeño de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Esta auditoría incluirá un acceso riguroso a la información financiera, la revisión de estrategias de control interno y actuaciones especiales de fiscalización, con el fin de identificar deficiencias en la gestión tributaria y proponer soluciones efectivas.
Más allá del análisis del recaudo, esta vigilancia responde a la necesidad de fortalecer la gestión de los recursos públicos y evitar riesgos financieros a largo plazo. La estabilidad fiscal del país depende en gran medida de la eficiencia en la recolección de impuestos y en la implementación de políticas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.