¿Dónde están los $2,5 billones de Prosperidad Social?

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) no entregó la información necesaria para auditar el 97,7% de los recursos ejecutados entre 2020 y 2024. De los $2,5 billones girados mediante 889 convenios, solo se aportaron documentos completos de 25, equivalentes a $58.000 millones. Ante esta limitación, el órgano de control se abstuvo de emitir conclusiones y alertó sobre el riesgo de pérdida de recursos.

La situación fue calificada como inédita por el ente de control, que señaló la imposibilidad de auditar más de 800 convenios debido a la falta de expedientes y documentación. El DPS argumentó que gran parte de la información no se encuentra en sus archivos, lo que impidió un análisis riguroso. Estos hechos fueron remitidos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Dirección de Investigaciones de la Contraloría para rastrear pagos y transferencias a alcaldías y entidades como FINDETER y ENTERRITORIO.

Durante la auditoría, se identificaron 11 hallazgos fiscales por $12.682 millones, relacionados con deficiencias en supervisión, pagos sin ejecución de obras y proyectos inconclusos. Uno de los casos más graves se dio en Fundación, Magdalena, donde una obra abandonada representa un presunto detrimento patrimonial de más de $5.000 millones.

Otros casos incluyen retrasos y pagos irregulares en Coyaima, Tolima, y obras de vivienda mal ejecutadas en San Andrés de Sotavento, Córdoba. Todos estos contratos están vinculados al programa “Inclusión social y productiva para población vulnerable”, gestionado por el DPS.

Aunque la Contraloría no ha determinado que los recursos hayan sido mal invertidos, advirtió que no podrá emitir un juicio fiscal hasta que el DPS entregue la documentación completa. El informe fue publicado con la salvedad de “limitación en el alcance”, dejando en manos de otros entes de control la tarea de investigar posibles irregularidades.

La entidad reiteró que la entrega oportuna de información es una obligación legal de todas las entidades públicas, y que el ocultamiento o pérdida de documentos compromete seriamente la transparencia del gasto público y la lucha contra la corrupción.