Acuerdo de Paz debe avanzar en reformas rural y electoral

Mejorar la presencia de la fuerza pública, desarrollar planes sociales en los territorios donde hay grupos ilegales, realizar una reforma rural integral y retomar la posibilidad de un proceso de conversaciones con el ELN son las tareas pendientes para lograr verdaderos resultados en la implementación del Acuerdo de Paz.

Estas son algunas de las recomendaciones del profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), a los cinco años de la firma de este Acuerdo.

Para el académico, la primera de las tareas pendientes para el próximo gobierno es copar los territorios con una estrategia que implique presencia de la fuerza pública y, lo más importante, iniciar procesos locales o regionales de construcción de Estado en los territorios para crear legitimidad social, impedir la siembra de cultivos de uso ilícito y, relacionado con esto, controlar y combatir los grupos ilegales dedicados a esta actividad delincuencial, además de dar una protección real a los líderes sociales y a los excombatientes.

La segunda de las acciones debería ser desarrollar políticas relacionadas con el sector rural, ya que este es un punto sensible del Acuerdo y sobre el que las iniciativas realizadas hasta ahora se han quedado cortas.

“Aunque el gobierno inició la elaboración de un ‘piloto’ del Catastro Rural Multipropósito, con financiación del BID, los programas de restitución de tierras, asignación de tierras a campesinos y demás grupos sociales demandantes hasta el momento han tenido resultados muy precarios”, puntualizó el profesor Vargas.

Según los análisis del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la UNAL, otro gran pendiente es una reforma política electoral. Después de que se “hundiera” en el Congreso en su primera presentación, es fundamental que el nuevo Congreso que se elija en 2022 aborde nuevamente esta iniciativa. “Esto no tiene la misión de beneficiar al Partido Comunes, sino que la competencia política electoral sea más clara y transparente para todos los actores que intervienen en ella”, aclara el investigador.

Otro punto pendiente es propender por una cultura de convivencia, respeto y reconciliación, a través de la expedición de normas para estimular la convivencia.

Por último, el profesor Vargas puntualiza que es necesario que el siguiente gobierno retome con seriedad la posibilidad de un proceso de conversaciones con el ELN para buscar una superación concertada del conflicto armado. Por supuesto, ello supone que el ELN también haya avanzado en la reflexión política de valorar que esto es lo más conveniente para el país y para ellos mismos, como fuerza política.

Para el director del Centro de Pensamiento, “las fallas en la implementación del Acuerdo no se pueden atribuir solo a un gobierno que no tiene el compromiso político para hacerlo, pues fue elegido precisamente con las banderas de oposición al Acuerdo, sino también el abandono del proceso por parte de algunos exlíderes de las antiguas FARC”.

“De por sí el cumplimiento de un proceso de un Acuerdo de Paz es complejo, pues más allá de las buenas intenciones, implica dimensiones presupuestales y comprometen la capacidad de gestión del Estado y ello efectivamente no es nada sencillo. Lo clave es que aún quedan 10 años, de los 15 contemplados en el Plan Marco de Implementación, por lo que aún hay tiempo para subsanar errores”, subraya el docente de la UNAL.